La verdad sobre María Elena Ríos

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca, alguien le arrojó ácido a María Elena Ríos Ortiz. Tenía veintiséis años, tocaba el saxofón y estaba a punto de volverse un nombre que el país entero iba a pronunciar con respeto y con rabia.

Eso no está en discusión y no lo va a estar en ninguna línea de este texto. El ataque fue atroz. Quien lo cometió merece la cárcel. El propio juez que absolvió a los acusados dio el ataque por probado. Ella sobrevivió, convirtió su cuerpo en una causa y su causa en una ley, y nadie que haya visto lo que le hicieron puede tratar este caso con ligereza. Lo digo antes que nada porque lo que sigue va a incomodar, y quiero que quede claro desde dónde incomoda.

La pregunta que sigue abierta, siete años después, es otra y es más difícil de sostener en voz alta: quién lo cometió de verdad. El país tiene una respuesta. Se la dio la Fiscalía de Oaxaca y se la repitieron los noticieros, las marchas, las columnas, las redes y, desde octubre, la Suprema Corte. El autor intelectual, dice esa respuesta, fue Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI, empresario de la Mixteca, un hombre con dinero y con historia en la región.

Hay una segunda verdad, y no borra a la primera. Ese hombre lleva más de seis años preso sin sentencia firme. Un juez lo absolvió después de un juicio oral de tres meses. Cuarenta y seis minutos después, el Gobernador del estado llamó criminal a ese juez. Esa misma noche, una jueza sustituta que no vio una sola prueba anuló el juicio completo. El absuelto nunca cruzó la puerta del penal. Cuando un Estado necesita romper el debido proceso para sostener una acusación, no protege a la víctima: la deja sin sentencia y con un expediente que se puede caer en cualquier revisión. Eso es exactamente lo que hoy está sobre la mesa del Pleno de la Corte.

Y hay una tercera capa, más nueva y más fría. La víctima es hoy figura política. Morena la registró en 2024 como candidata a diputada federal suplente. Viaja a Nueva York a foros de Naciones Unidas. Y desde el 21 de octubre de 2026 enfrenta denuncias ante el gobierno de Estados Unidos por presunto fraude de visa, que presenté yo. Esa capa no tiene nada que ver con el ácido. Tiene que ver con la ley migratoria de otro país, que no distingue entre causas, y con una pila de papeles de la Mixteca que nadie en la Ciudad de México se había tomado la molestia de leer.

Este texto cuenta las tres capas. La de ella, que ya conoce el país. La de él, que nunca se ha contado completa en un solo lugar con los documentos al lado. Y la de los papeles, que no le pertenecen a ninguno de los dos.

Lo que sigue no es la versión de la Fiscalía ni la de la defensa. Es lo que el juez de enjuiciamiento dio por probado en su fallo del 14 de agosto de 2024, que se puede descargar al final de esta página.

El viernes 6 de septiembre de 2019, a las 15:46, un hombre llamó desde un celular y agendó una cita con ella para el lunes 9 a las diez de la mañana. Ese lunes llegó a su domicilio con una carpeta azul y un recipiente. Le dijo que tenía una cita. Ella lo atendió sentada de espaldas, en su escritorio. Él se paró junto a ella, abrió el recipiente y le vació el contenido en la cara y en el cuerpo mientras le gritaba que se muriera, que hasta ahí había llegado. Ella logró zafarse y pidió auxilio. Su madre acudió.

Los peritos de la Fiscalía no coincidieron en la extensión de las quemaduras. Una médica habló en su primer dictamen de cincuenta por ciento de la superficie corporal. Otro perito habló de cuarenta. Un tercero, de veintiocho. En los contrainterrogatorios, el juez concluyó algo que después decidió el fallo: con la atención médica que recibió, ella no estuvo en peligro real de muerte. Sobre ese punto técnico se cayó la acusación de feminicidio en grado de tentativa. Pero el juez fue más lejos, y eso importa para entender todo lo que vino después: escribió que la Fiscalía no logró probar la mecánica de los hechos que atribuyó a los acusados ni que ellos hubieran intervenido en ellos.

Ella reconstruyó su vida en público. Su nombre corto, Malena, bautizó la reforma contra la violencia ácida que aprobó la Ciudad de México en 2024 y que otros congresos replicaron. Se volvió voz de un movimiento, y con razón: en este país casi nadie que sobrevive a un ataque así consigue que lo escuchen.

Por el ataque fueron procesados tres hombres: Juan Antonio Vera Carrizal, señalado por la Fiscalía como autor intelectual, y Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez. Un hijo del exdiputado, Juan Antonio Vera Hernández, tiene orden de aprehensión y sigue prófugo. Lo anoto porque cualquier relato honesto de este caso tiene que incluirlo, aunque incomode a quien me contrató.

Juan Antonio Vera Carrizal es exdiputado local del PRI en Oaxaca y empresario gasolinero de la Mixteca. Es ciudadano de Estados Unidos desde 1996 y vivió en East Harlem, Nueva York.

La teoría de la Fiscalía fue que él ordenó el ataque y que el móvil estaba en la relación personal que los dos tuvieron. Su versión, la que su familia me entregó por escrito, es otra. Se conocieron en la campaña de 2018, cuando él buscó una diputación federal. Ella se ocupó de sus redes sociales, de las fotografías y de la agenda. Tuvieron una relación. La relación terminó meses antes del ataque y él volvió a sus empresas y a su familia. Niega cualquier participación en el ataque. Es versión de parte interesada y así la presento.

Lo que él sostiene va más lejos, y nunca se ha escuchado completo. Dice que cuando quiso terminar, ella no lo aceptó, y que existen audios de esa ruptura que, según él, muestran la presión emocional con la que ella intentó retenerlo. Esos audios, según su versión, los aseguró el gobierno de Oaxaca y nunca se valoraron. Yo tuve acceso a ese material por el trabajo que hago en este caso. No lo publico: forma parte de un expediente penal, no ha sido peritado y su lugar es el expediente que va a revisar la Corte. Lo que sí puedo decir es que la afirmación existe, que él la sostiene y que nadie se la ha preguntado.

Luego viene lo central. Vera Carrizal niega haber mandado a nadie a echarle ácido a nadie. Y yo, con base en mi investigación, afirmo que el autor fue otro hombre de la región, a quien conocen como "el Toro" y al que se atribuyen vínculos con el narcotráfico en la Mixteca. No escribo su nombre completo. Ninguna autoridad lo ha imputado por el ataque y no existe hoy un documento público que lo ponga en esa escena. Es mi conclusión, la firmo, y la sostendré ante la autoridad que la investigue.

No es un desconocido para ella. Cuento con su declaración ministerial del 9 de septiembre de 2019, en la que ella misma señala a "el Toro" por su nombre completo. En esa primera declaración ante el Ministerio Público, María Elena relató que años antes del ataque tuvo una relación de pareja de seis años con el hombre al que llaman "el Toro", que en esa relación él la golpeó en dos ocasiones y que la última vez que lo vio, el 6 de enero de 2017 en un baile en Santo Domingo Tonalá, intentó golpearla otra vez. Lo anoto porque establece el vínculo previo entre ambos y un antecedente de violencia contra ella. En esa misma declaración ella no lo señala como autor del ataque.

Según mi investigación, a partir de esta declaración "el Toro" fue la línea principal de la investigación original de la Fiscalía de Oaxaca. Esa línea se abandonó y la Fiscalía se fue contra Juan Antonio Vera Carrizal por indicación del entonces gobernador Alejandro Murat, el mismo al que Vera Carrizal acusa de haberle pedido ochenta millones de pesos para dejarlo fuera. Es lo que sostengo con base en mi investigación; el documento de la Fiscalía que lo acredite no está publicado, y Alejandro Murat tiene en este espacio su derecho de réplica.

Cuento con la información de su nombre completo. El periodista Ernesto Rojas Ayuzo ya publicó su identidad en una nota sobre este caso. La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal informa que ya presentó una denuncia sobre su participación. Esta investigación publicará el nombre, junto con la autoridad y el número de carpeta, en cuanto tenga a la vista el acuse de esa denuncia.

Y viene el dinero. Vera Carrizal sostiene que el entonces gobernador Alejandro Murat le pidió ochenta millones de pesos para no involucrarlo en el caso, que se negó, y que después de negarse lo acusaron sin pruebas. No hay un papel que lo respalde. Es la palabra de un acusado contra la de un exgobernador, que tiene aquí su derecho de réplica. Pero guarden ese nombre: en el capítulo 10 reaparece en un lugar donde nadie lo esperaba.

Su entorno dice también que la víctima tiene nexos con Morena y con el narcotráfico oaxaqueño. La primera mitad es pública: su candidatura de 2024. La segunda no tiene un solo documento, y así lo dejo escrito.

Lo que sí es documento público es lo que escribió el juez. Que la Fiscalía no logró probar la mecánica de los hechos ni la intervención de los acusados, y que esas proposiciones «fueron extraídas mediante inferencias y suposiciones muy particulares de la acusadora oficial». La víctima sostiene lo contrario y lo ha dicho en cada foro: que Vera Carrizal es el autor intelectual y que su absolución fue obra de la corrupción judicial. Es su derecho, y su versión va en este texto con el mismo peso.

Fue detenido el 6 de abril de 2020. El 10 de abril un juez lo vinculó a proceso en la causa penal 533/2019. No ha vuelto a pisar la calle.

La prisión preventiva no es una pena. Es una medida para asegurar que el acusado no huya ni estorbe el juicio. Por eso la Constitución le pone techo: dos años, salvo que la demora se deba a la defensa. Cuando ese techo se rompe por más del triple, el problema deja de ser del acusado y pasa a ser del sistema, porque un país donde se puede estar seis años preso sin que nadie te condene es un país donde la sentencia ya no hace falta.

El 21 de enero de 2023 el juez Teódulo Pacheco Pacheco declaró el cese de la prisión preventiva y ordenó que siguiera su proceso en un domicilio, por razones de salud. Dos días después, el 23 de enero, el Gobernador Salomón Jara anunció en video que el procesado «seguirá privado de su libertad en Tanivet». El 25 de enero el Consejero Jurídico del Gobierno, Geovanny Vásquez Sagrero, sostuvo que el Estado no tenía herramientas para vigilarlo. El traslado nunca se ejecutó. Ese mismo día la prensa reportó que una jueza había revocado la medida. El 13 de marzo, el entonces Presidente de la República dijo en su conferencia que el juez del caso había sido acusado de corrupción. Según la cronología de la defensa, al día siguiente la Sala Penal revocó el cese en definitiva.

Un juez decide. El Ejecutivo anuncia que no se cumple. El tribunal corrige al juez. Guarden esa secuencia, porque dieciocho meses después se repitió entera en una sola tarde.

Hoy él está hospitalizado bajo custodia, con un padecimiento cardiaco que sus médicos describen como grave. Ella ha dicho en público que no está tan grave como afirman las autoridades. Las dos afirmaciones constan. La primera tiene expediente médico. La segunda no.

El juicio oral duró tres meses en Tlaxiaco. Lo que pasó el 14 de agosto de 2024 quedó registrado por los propios funcionarios, en sus cuentas oficiales, y después en diez actas ante notario.

A las 12:50, en Tlaxiaco, el juez José Gabriel Ramírez Montaño dio a conocer su fallo. «La Representación Social, con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia», leyó. Absolvió a los tres acusados, ordenó su inmediata libertad, levantó la prisión preventiva y mandó girar oficio al director del penal de Tanivet.

A las 13:36, cuarenta y seis minutos después, el Gobernador Salomón Jara publicó en su cuenta que el fallo era obra de «un juez criminal y cómplice del victimario» y lo llamó «muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial». Después pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigara las cuentas del juez. A las 14:18, desde la cuenta de la Fiscalía, el Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla condenó la «absurda resolución» y anunció «todas las acciones jurídicas para contravenir esta determinación».

Esa tarde el Consejo de la Judicatura suspendió al juez que había absuelto y habilitó a la jueza María Antonia Esteva Domínguez. La defensa sostiene que quien la habilitó no tenía facultad para hacerlo, y eso se litiga en amparo. Por la noche, la jueza sustituta dejó sin efecto la orden de libertad y anuló todo el juicio. Su argumento fue la inmediación: el juez que vio la prueba debe dictar la sentencia y, si queda impedido, el juicio se repite. Tiene apoyo en jurisprudencia de la Primera Sala. La defensa responde que el juez ya había deliberado y pronunciado el fallo, y que el impedimento lo creó el propio Estado esa misma tarde. Al día siguiente la magistrada presidenta del Tribunal, Berenice Ramírez Jiménez, explicó en entrevista la suspensión y la anulación.

Ella respondió ese día con tres palabras: «Ganó la corrupción». Lo dijo una mujer que llevaba cinco años esperando una sentencia. Se entiende. Pero la pregunta jurídica no es si el fallo gustó. Es si un Gobernador, un Fiscal y un Consejo de la Judicatura pueden deshacer en horas lo que un juez resolvió después de tres meses de pruebas.

Para impugnar una absolución existe la apelación. Se presenta, se tramita y la resuelve un tribunal de alzada que revisa el fallo. Lo que pasó el 14 de agosto no fue una apelación. Fue la desaparición del fallo por la vía de suspender al juez que lo dictó. Si eso es válido, cualquier absolución en México dura lo que tarde un Gobernador en publicar. Esto es análisis, y lo firmo.

El 14 de mayo de 2026 el Pleno de la Suprema Corte rechazó atraer el caso por cinco votos contra tres. Cinco meses después lo atrajo. Entre una fecha y otra el expediente no cambió. Cambió la votación.

Ocho días después del rechazo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz volvió a solicitar la atracción. El 12 de agosto la Corte resolvió en contra de la defensa el recurso de reclamación 212/2026. Y el 19 de octubre, a solicitud del ministro presidente y de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el Pleno ejerció por mayoría la facultad de atracción 566/2026 sobre los amparos en revisión. Según la lectura de la defensa, lo que la Corte va a decidir no es si él es culpable. Es si una jueza sustituta podía anular un juicio que había terminado en absolución. Si la anulación fue ilegal, la absolución queda firme. Si fue legal, el juicio se repite. Su decisión será definitiva.

Hay que entender en qué momento llegó la Corte. Según lo que verifiqué, Vera Carrizal venía ganando los amparos contra la anulación, y el Tribunal Colegiado que los revisaba ya tenía un proyecto para confirmar su absolución. Fue entonces cuando apareció la atracción. La Corte la rechazó una vez, en mayo. Y según lo que verifiqué, entre el rechazo y la segunda votación la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presionó para que el caso subiera al Pleno y la libertad no llegara. Lo afirmo con base en mi investigación y lo firmo. Quienes firmaron la solicitud de atracción fueron dos ministros, con sus nombres, y el documento que acredite la intervención de la secretaria no está publicado. Ella tiene en este espacio su derecho de réplica.

Mi postura la publiqué el 20 de octubre en el Diario Geopolítico y la repito con la misma claridad: la atracción es contraria a los artículos 23 y 107 de la Constitución. El 23 prohíbe juzgar a alguien dos veces por el mismo delito. Contra la absolución del 14 de agosto no hubo apelación que la revisara: hubo una anulación por la vía administrativa. Una Corte que use la atracción para volver sobre los hechos estaría haciendo lo que ningún tribunal de alzada hizo. Lo único vivo en el expediente es si esa anulación fue válida. Es una opinión jurídica, firmada. La Corte dirá.

Esta historia no empieza en Huajuapan en 2019. Empieza unos kilómetros al norte, en un pueblo mixteco que se llama Santo Domingo Tonalá, y empieza mucho antes.

Ahí nacieron María Elena y su hermana Silvia. Ahí, entre 2011 y 2015, se abrieron ante el Ministerio Público al menos cinco legajos en los que aparecen integrantes de la familia Ríos Ortiz como denunciados. Tengo copia de ellos. En dos aparece el nombre de María Elena. Ninguno, hasta donde consta, terminó en condena, y conviene decirlo antes de enseñarlos: una querella no es un antecedente penal, y cualquiera puede ser denunciado por cualquiera. Pero los papeles existen, están sellados y firmados, y cuentan una historia que en la capital nadie había leído.

En noviembre de 2011 un hombre denunció a Silvia Ríos Ortiz por lesiones, falsedad en declaraciones y extorsión. Su relato, firmado ante el agente del Ministerio Público, es que ella le exigió ciento cincuenta mil pesos por unos supuestos daños y que, cuando él no pagó, lo acusó de un delito que él dice que no cometió.

El 5 de junio de 2012 una mujer de Tonalá se presentó en la agencia del Ministerio Público de Huajuapan. Según su declaración, el día anterior, a media tarde, dos mujeres entraron a su casa gritando, la sacaron de la cama jalándola del cabello, le golpearon la cabeza contra la pared y una de ellas le abrió la rodilla con un cuchillo tipo sierra. Las nombró a las dos.

Ocho días después, el 13 de junio de 2012, la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México le expidió a María Elena una visa de turista B1/B2 por diez años. Hay que ser preciso con esta coincidencia porque es fácil convertirla en algo que no es. El formulario de visa pregunta por arrestos y condenas, no por denuncias de particulares, y una querella abierta ocho días antes no la obligaba a nada en esa solicitud. Lo que la fecha muestra es otra cosa, más humana y más reveladora: que la muchacha a la que una vecina señalaba ese mismo mes de entrar a su casa con un cuchillo estaba, al mismo tiempo, cruzando la puerta de un consulado.

El 30 de septiembre de 2012 una comerciante denunció a Silvia y a otra mujer por daños y amenazas. Según su escrito, la abordaron frente a una escuela primaria, delante de sus hijos, le rayaron la camioneta con una piedra y le advirtieron que se cuidara. El 7 de abril de 2013 un mecánico de la comunidad denunció a María Elena, a Silvia, a Juan Carlos Ríos Ortiz y a otros por lesiones con agravante de pandilla. Su relato es el de una golpiza de noche en la carretera, con piedras y un tubo.

Y luego viene 2015, que es el año en que la historia de Tonalá deja de ser una historia de pleitos entre vecinos.

El 9 de mayo de 2015, un sábado, a eso de las siete y media de la tarde, Juan Carlos Durán Carrasco estaba tomando cervezas con unos amigos en una cantina del centro de Tonalá que se llama Quasar, frente a la cancha de futbol. Según las declaraciones de varios testigos que constan en el legajo 1411/HL/2015, desde el dueño de la cantina hasta los amigos que bebían con él, entró Carlos Ríos Ortiz, a quien en el pueblo le dicen "el Mosco". Hubo insultos. El dueño, que no quería problemas adentro, los mandó a calmarse y después dejó de venderles. Ríos Ortiz salió, sacó una silla y se sentó junto a la puerta. Cuando Juan Carlos y sus amigos salieron, caminaron unos ocho metros. Según los testigos, Ríos Ortiz le gritó algo, se le fue encima y le clavó un cuchillo bajo la axila izquierda. Juan Carlos se levantó la playera y vio la sangre. El agresor, siempre según esas declaraciones, recogió el cuchillo del suelo y se fue en su taxi rumbo a su casa, a una cuadra de ahí.

Lo que siguió es una de esas escenas que retratan un país mejor que cualquier estadística. Subieron a Juan Carlos a una camioneta. Un médico dijo que no tenía equipo. Los otros consultorios estaban cerrados. Una doctora dijo que ella no atendía ese tipo de heridos. Le insistieron. Entró a buscar su maletín y tardó veinte minutos. Cuando salió, Juan Carlos ya estaba muerto en la calle, frente a su consultorio. Llegó el síndico. Llegó un policía estatal. Los testigos les dijeron quién había sido y a dónde se había ido.

Ocho años después, en agosto de 2023, los deudos de Juan Carlos buscaron al portal Periodistas Oaxaca para decir que el homicidio seguía impune. Pidieron que no se publicaran sus nombres por miedo. Acusaron a la familia de haber usado relaciones e influencias para que el caso no avanzara. Y dijeron una frase que debería estar en cualquier texto sobre María Elena Ríos, porque es la frase de alguien que también perdió algo: «Hoy el Mosco está huyendo y su hermana María Elena Ríos sabe lo que es pedir justicia. Desde aquí le decimos que nosotros también exigimos justicia».

Hay un dato que no cuadra, y es de ella. En su declaración del 9 de septiembre de 2019 María Elena dijo que su hermano Carlos «se entregó a las autoridades y se resolvió el problema», y llamó a la víctima Juan Carlos Espinoza Durán. El legajo de los testigos lo registra como Juan Carlos Durán Carrasco. Y cuatro años después de esa declaración, sus deudos seguían diciendo que el homicidio estaba impune y que el Mosco andaba huyendo. Sostengo que la versión cierta es la de los deudos y la del legajo, y que lo que ella declaró ante el Ministerio Público sobre su hermano no corresponde a los hechos.

María Elena no aparece en ese legajo. Hay que decirlo con la misma fuerza con que se cuenta el crimen. Ella no mató a nadie en Tonalá. Lo que la alcanza es lo que dicen los deudos de Juan Carlos, que la familia operó la impunidad de su hermano. Es una acusación de ellos, no un hecho probado.

Según la versión de Vera Carrizal, y según lo que cuentan en la región, después del homicidio la comunidad sacó a la familia de Tonalá. Su entorno me entregó estas fotografías, que según su versión corresponden a esos días: vehículos quemados en una calle del pueblo, piedras en el pavimento, un hombre que señala lo que quedó. No tienen fecha ni autor que yo haya podido verificar. No sé de quién eran esos autos ni quién los quemó. Las publico como lo que son, material entregado por una de las partes.

Hay más material que circula y que tampoco puedo respaldar, y prefiero mostrarlo con su etiqueta que esconderlo. Una mujer de la región afirma que las dos hermanas la golpearon con una manopla y le dejaron marcas en la cara, y que su denuncia no prosperó. No he visto esa carpeta. Y existe una captura de WhatsApp en la que alguien le reclama a otra persona por «mi visa» y por «los problemas que groseramente me dijiste que no tendría», y recibe como respuesta una ristra de insultos. El entorno de Vera Carrizal sostiene que es una clienta escribiéndole a María Elena. Yo no puedo confirmar quién escribió cada mensaje.

Antes de ser un símbolo nacional, María Elena Ríos tenía un negocio. Tramitaba visas. No lo digo yo. Lo dijo ella ante el Ministerio Público, el mismo día del ataque.

El negocio que ella describió

En la declaración que rindió ante el Ministerio Público de Oaxaca el 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz dio como ocupación encargada de una agencia de viajes y música. Explicó que desde unos tres años antes ayudaba a gente de su región, la Mixteca, a tramitar pasaportes y documentos personales. Que en febrero de 2019 abrió una gestoría en su propia casa, con su escritorio y su computadora. Que a quienes la buscaban como gestora les decía que la decisión de la visa no dependía de ella. Que a unos tres de sus clientes se la habían negado. Y que les creaba los correos electrónicos con sus iniciales y su fecha de nacimiento. De esa declaración cito solo lo que habla de su negocio; lo demás es su testimonio como víctima y no le pertenece a este texto.

No es la única que lo dice. Su hermana Silvia, en una demanda familiar presentada el 22 de octubre de 2021 en Huajuapan de León, escribió que María Elena operaba una agencia de viajes y una oficina de gestoría de trámites. Su constancia de situación fiscal, expedida el 1 de marzo de 2019, registra actividad empresarial y profesional desde el 27 de diciembre de 2016. Tres fuentes distintas, una de ellas ella misma, describen el mismo negocio: una oficina en casa que llenaba solicitudes de visa para gente de la región que pagaba por el servicio.

Hasta ahí, nada ilegal. Ayudar a llenar formularios no es delito y cobrar por hacerlo tampoco. Lo que convierte ese negocio en un asunto para el gobierno de Estados Unidos es lo que apareció después.

El archivo

El 21 de octubre de 2026 una tercera persona me dio acceso a un archivo digital. Según esa persona, son los registros de la agencia de viajes y visas que María Elena Ríos operaba en Huajuapan, y en él se producían documentos falsos con sellos de bancos, escuelas y autoridades para que sus clientes obtuvieran visas estadounidenses. No he podido verificar la cadena de custodia. Las fechas de los archivos van de noviembre de 2017 al 9 de septiembre de 2019, el día exacto del ataque. Entre los expedientes de los clientes están archivadas también su propia credencial de elector y su constancia fiscal.

Hay una carpeta que se llama CLIENTES. Guarda expedientes numerados del 1 al 17, de abril a septiembre de 2019, con comprobantes de pago de derechos de visa, páginas de confirmación del formulario DS-160 e impresiones de citas en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y en el Consulado de Mérida. Las impresiones de esos formularios se generaron, según sus metadatos, en una misma computadora Macintosh con el mismo sistema y el mismo navegador: la huella de un solo preparador. Y cada una responde NO a la pregunta del formulario que dice: «¿Alguien le ayudó a llenar esta solicitud?».

Hay otra carpeta que se llama CUESTIONARIOS. Guarda guiones de entrevista consular para clientes con nombre propio. En el de uno de ellos, a la pregunta «¿Quién te ayudó a llenar tus papeles?», la respuesta preparada es: «Yo solo». Los correos electrónicos de los clientes siguen el patrón que ella misma describió ante el Ministerio Público, iniciales y fecha de nacimiento.

Y hay una carpeta que se llama DOCUMENTOS DE APOYO. Adentro hay subcarpetas con nombres de instituciones reales: HSBC, ANÁHUAC, UPAEP, CONSERVATORIO, GOLFO DE MÉXICO, IMPACTO AÉREO y ESTADOS DE CUENTA. Contienen cartas en Word editables sobre papel membretado, sellos oficiales de la Secretaría de Educación Pública guardados como imágenes sueltas, con nombres de archivo como «SELLO UPAEP», «sello chueco» y «SELLO SOBRA», un archivo de Photoshop titulado «CONSTANCIA CON SELLO» y logotipos descargados de internet.

Los detalles son los que convierten una carpeta en un patrón. Tres cartas laborales, una de HSBC y otra de BBVA para el mismo cliente y otra de HSBC para una persona distinta, llevan exactamente el mismo número de empleado; las propiedades de los tres archivos muestran el mismo autor y fechas de creación entre el 15 de junio y el 11 de julio de 2019. El formulario DS-160 de ese cliente, firmado el 8 de julio de 2019, declara que trabaja en HSBC en Oaxaca como ejecutivo con un sueldo de quince mil pesos mensuales. La carta de HSBC para el mismo cliente dice el mismo puesto y el mismo sueldo, lleva fecha del 6 de julio, pero el archivo se creó y se modificó por última vez el 15 de junio. En el mismo archivo hay cartas que dicen que ese cliente estudia una maestría en la Universidad Anáhuac Oaxaca y que se graduó del Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México.

Una carta con membrete de la empresa Impacto Aéreo dice que otra clienta trabaja ahí desde el 13 de junio de 2016, la misma fecha de ingreso que usa la carta de HSBC del cliente anterior. En la carpeta hay además una captura de pantalla del 15 de junio de 2019 en la que aparece el sitio web de esa empresa abierto junto al sitio de citas de visa de Estados Unidos. Una carta con membrete del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, para un tercer cliente, lleva insertada la imagen de un sello oficial; ese cliente presentó su DS-160 el 12 de junio de 2019. Y la carpeta ESTADOS DE CUENTA guarda treinta y ocho archivos de Photoshop nombrados por saldo, de sesenta mil a ciento cincuenta y ocho mil pesos, en juegos de hasta cinco páginas, fechados entre octubre de 2018 y julio de 2019, junto con imágenes de hojas de estados de cuenta de HSBC y un archivo de Photoshop titulado «RFC».

Esto no prueba por sí solo que ella fabricara nada, y lo digo con todas sus letras. Prueba que existe un archivo que, si es auténtico, describe un servicio que preparaba solicitudes de visa para clientes que pagaban, ocultaba su papel de preparador, entrenaba a los clientes para negar que alguien los había ayudado y armaba cartas y estados de cuenta a nombre de bancos, universidades y una empresa. Los clientes pueden no haber sabido cómo se hicieron sus papeles. Aquí no aparece un solo nombre, número ni documento de ninguno de ellos.

Un acta, dos madres

Hay un documento que no viene de ningún archivo entregado por terceros. Viene del Registro Civil de Huajuapan, en copia certificada, y es el que más inquieta de todo el expediente. En Huajuapan existen dos actas de nacimiento para lo que todo indica que es el mismo niño, un sobrino de María Elena. No voy a dar su nombre, ni sus claves, ni su fecha exacta: él no es sujeto de nada. La primera acta se levantó en 2016 y registra como madre a Silvia Ríos Ortiz y como padre a su expareja. La segunda se levantó en otra oficialía en octubre de 2017, dos años y medio después del nacimiento, con otro nombre y sin padre. Las fechas de nacimiento difieren por un día. El nombre propio se repite. RENAPO confirmó el 19 de octubre de 2026 que las dos claves de identidad siguen activas, y con la segunda identidad se expidió en 2020 un pasaporte mexicano que vence en noviembre de 2026.

De esa segunda acta hay dos copias certificadas, expedidas por la misma autoridad con cuatro años de diferencia. No dicen lo mismo.

Una tía no puede ser madre en un papel y tía en otro. La copia de 2026, verificable en línea con su identificador electrónico, coincide con todo lo demás: con el acta de 2016 y con la demanda en la que la propia Silvia nombra al niño como su hijo y a María Elena como su hermana. No tiene una sola anotación marginal que explique un cambio. La de 2022 es la que no cuadra.

¿Por qué importa? Porque en un trámite de visa para un menor, quién figura como padre o madre decide quién puede presentar la solicitud y quién consiente el viaje. Un acta sin padre deja la firma en una sola mano. Si alguna vez se presentó a ese niño ante un consulado como hijo de su tía, con una identidad distinta de la de su primera acta, eso es una declaración falsa sobre un hecho material ante el gobierno de Estados Unidos. Yo no tengo la solicitud de visa del niño. La tiene el Departamento de Estado.

El caso ya salió de este expediente. El 23 de octubre de 2026 el portal oaxaqueño Centro Noticias publicó que un familiar acusa a María Elena Ríos Ortiz de haber registrado como hijo propio a su sobrino para gestionar documentos migratorios con otra identidad, con base en copias de dos actas de nacimiento de Huajuapan de 2016 y 2017, y que la segunda habría servido para tramitar un pasaporte mexicano en 2020 y después una visa estadounidense. El propio portal advierte que los señalamientos no acreditan por sí mismos un delito y que corresponde a las autoridades investigar.

La visa de ella

La Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México le expidió a María Elena una visa B1/B2 con tarjeta de cruce el 13 de junio de 2012, vigente hasta el 11 de junio de 2022, ocho días después de que una vecina de Tonalá la denunciara por allanamiento y lesiones, como cuenta el capítulo 07. Los sellos de admisión en ese pasaporte van de 2014 a 2017. En marzo de 2026 ella publicó desde Nueva York su participación en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas: agradeció a Aeroméxico que la llevara, agradeció a Clara Brugada que siguiera impulsando su ley y grabó un video frente a la sede de la ONU. Su visa de 2012 ya había vencido. Entró, por lo tanto, con una visa expedida después de junio de 2022, de turista o de carácter oficial.

El formulario DS-160 le pregunta a cada solicitante si alguna vez ha intentado ayudar a otros a obtener una visa mediante fraude o declaración falsa. Si quien operó ese servicio pidió una visa después, esa respuesta es material para su propia elegibilidad.

Por eso la denuncié

Por todo lo anterior, el 21 de octubre de 2026 presenté denuncias con mi nombre ante la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, en su formulario de fraude de visa, con copia a su Oficina de Seguridad Diplomática, y ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. No las presenté por el caso Vera Carrizal. Las presenté porque lo que describen los documentos es materia de la ley migratoria de Estados Unidos, y esa ley no distingue entre causas.

Las denuncias sostienen que María Elena Ríos Ortiz, tía del niño y no su madre, se presentó como su madre para obtenerle una visa de Estados Unidos, usando la segunda acta con otro nombre y la copia certificada que la registra a ella como madre. Entregan además el archivo de la gestoría para que la autoridad lo pruebe contra sus propios registros.

Y piden concretamente esto: que el Departamento busque en sus archivos consulares cualquier solicitud o expedición de visa bajo cualquiera de los dos nombres del niño, cualquiera de sus dos claves o su pasaporte; que determine qué acta se presentó, quién compareció como padre o madre y qué consentimiento se registró; que identifique toda visa expedida o solicitada por María Elena Ríos Ortiz después del vencimiento de la de 2012, incluida la que usó para entrar a Nueva York en marzo de 2026, que revise sus respuestas, en particular la pregunta sobre ayudar a otros a obtener visas con engaños, y que revoque cualquier visa si se confirma la falsedad; que verifique los formularios y pagos del archivo contra sus registros y si las cartas se presentaron; que confirme con HSBC, BBVA, la Universidad Anáhuac Oaxaca, la UPAEP, el Conservatorio de Puebla, el Instituto del Golfo de México e Impacto Aéreo si ellos emitieron esas cartas; que identifique al operador del servicio y lo remita a Seguridad Diplomática; que marque cualquier nueva solicitud para el niño, porque su pasaporte vence en noviembre de 2026; y que mantenga confidenciales los datos del menor y de los clientes.

Esto es lo que la ley estadounidense permite a la autoridad, sin confundirlo con lo que ya pasó. Quien obtiene o intenta obtener una visa mediante fraude o declaración falsa sobre un hecho relevante queda inadmisible de manera permanente, salvo dispensa, según la sección 212(a)(6)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El Secretario de Estado puede revocar una visa en cualquier momento, sin sentencia ni audiencia, conforme a la sección 221(i). Obtener o presentar documentos migratorios con declaraciones falsas es delito federal según el título 18, sección 1546; mentir sobre un hecho material ante una dependencia federal, incluido un consulado, lo es según la sección 1001; y concertarse para ello, según la sección 371.

Son hallazgos documentales. No determino la intención ni la culpa de nadie, y toda persona nombrada se presume inocente. Lo que no sé, y lo digo: si el Departamento de Estado o USCIS abrieron investigación. Por regla no se lo informan al denunciante. Tampoco publico el texto de las denuncias, que contiene los datos del niño y de los clientes. Si lo que describen es cierto, él es quien menos culpa tiene de todo esto.

Lo que sigue es el relato escrito de un hijo de Juan Antonio Vera Carrizal. Es testimonio de parte interesada, no tiene corroboración independiente y no conozco denuncia penal por estos hechos.

Según su relato, cuando empezaba el proceso contra su padre, una hermana de la víctima lo buscó para «arreglar este asunto». Lo citó en el centro de Huajuapan. Le preguntó cuánto estaba dispuesto a dar para que el caso terminara y le dijo que muchos políticos las apoyaban y que su padre nunca iba a salir. La cifra, dice él, fue de catorce millones de pesos, y ella la atribuyó a una conversación previa con «Malé». Él respondió que no tenía ese dinero y preguntó si, en ese caso, ella declararía ante la Fiscalía o ante un juez que su padre no había participado. Según su relato, la respuesta fue que no: que todo se haría «por debajo del agua», sin ruido, por lo que dirían las feministas, el gobierno y quienes les daban apoyo económico. Hubo, dice, una segunda reunión, a la que acudió con un abogado. Ahí la cifra subió. Con los dedos le marcó un tres y un ocho: treinta y ocho millones de pesos.

Si el relato es cierto, describe una extorsión. Si es falso, describe una calumnia. En ninguno de los dos casos le toca a un ensayo resolverlo. Le toca a un Ministerio Público. Por eso el lugar natural de este relato es una denuncia penal con nombre y firma, no solo un documento entregado a un periodista. Lo publico con su etiqueta y con espacio de réplica, y anoto algo que el lector ya vio en el capítulo 07: en 2011, en Tonalá, otro hombre acusó por escrito a la misma hermana de exigirle ciento cincuenta mil pesos. Dos relatos no hacen una prueba. Hacen una pregunta.

El 24 de enero de 2025, en la inauguración de la carretera Mitla Tehuantepec y frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, María Elena Ríos tomó el micrófono: «Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan».

Lo que dice ella es que Salomón Jara protege a su agresor, que las mujeres no tienen justicia en Oaxaca y que el Estado ha hecho campaña para desprestigiarla. Lo que dice la defensa es que Salomón Jara anunció que no se cumpliría una orden de cese, que llamó criminal al juez que lo absolvió y que el Ejecutivo decide lo que los jueces no. Dos partes enfrentadas en todo coinciden en una sola cosa: que el Gobernador intervino en un expediente que no le correspondía. Ese es, probablemente, el dato más importante de este caso.

El Ejecutivo de Oaxaca tampoco es neutral en lo económico. El 24 de agosto de 2022 el gobierno estatal emitió un comunicado. Dijo que desde el primer momento le había dado a ella y a su familia apoyo de atención emergente, conforme al artículo 8 de la Ley General de Víctimas y en seguimiento a la Recomendación 28/2022 de la CNDH: atención médica, psicológica y psiquiátrica en servicios privados, medicamentos y otros gastos. Dijo que había gestionado su ingreso al Instituto Nacional de Rehabilitación y que ella había dejado de acudir por su propia voluntad. Y dio una cifra: dos millones seiscientos noventa y dos mil doscientos sesenta y tres pesos con cuarenta y un centavos.

Ese dinero no es un escándalo. La ley obliga al Estado a pagarlo y una mujer quemada con ácido necesita cada peso. No lo cuestiono. Lo que el comunicado deja abierto lo dice el propio gobierno en su último párrafo: que seguía esperando, a través de la CNDH, el expediente clínico de los tratamientos quirúrgicos y dermatológicos que había pagado. Un gobierno que paga casi tres millones y dice no tener el expediente de lo que pagó. Y el mismo poder que pagaba la atención de la víctima es el que, dos años después, descalificó en público al juez que absolvió al acusado. En este expediente el gobierno no es árbitro. Es parte.

Ahora recuerden el nombre de Alejandro Murat. El 23 de diciembre de 2022, a menos de un mes de que terminara su gobierno, la página Oaxaca Capital publicó una lista de lo que llamó aviadores heredados en la Secretaría de Administración del estado: gente que cobraba sin que se supiera bien por qué, con una columna que decía quién la había recomendado. En la línea 60 aparece Silvia Ríos Ortiz, con treinta mil pesos netos. En la columna de la referencia dice una sola palabra: SAXOFONISTA.

La lista no es un documento oficial publicado por el gobierno. Es una fotografía que circuló en redes y que hay que confirmar con la nómina por la vía de transparencia. Pero si es auténtica, cuenta algo que nadie ha preguntado en siete años. Vera Carrizal dice que Murat quiso cobrarle ochenta millones para dejarlo fuera del caso. Mientras tanto, en la plantilla del gobierno de Murat cobraba la hermana de la víctima, y la referencia escrita junto a su nombre era la víctima misma. No sé qué significa eso. Sé que alguien debería explicarlo. En el mismo expediente hay un contrato de Silvia Ríos Ortiz con el gobierno de Oaxaca, de veintidós páginas, que está en revisión y se agregará cuando termine de leerlo.

Y la parte más débil de toda esta ecuación es ella. Una víctima cuya causa depende del Gobernador queda a merced del Gobernador. Lo dijo ella misma en Mitla, con un micrófono prestado.

Una investigación que no confiesa sus huecos no merece confianza. Estos son los míos.

No sé quién expidió la copia de 2022 del acta 654 ni para qué trámite se usó. No sé con qué visa entró ella a Estados Unidos en 2026 ni qué respondió en la solicitud. No sé qué hacía Silvia en la nómina de Murat ni quién la puso ahí. No sé dónde está el expediente clínico que Oaxaca pagó. No sé por qué sigue libre un hombre al que varios testigos vieron matar a otro a ocho metros de una cantina. No sé si los audios que menciona Vera Carrizal son lo que él dice que son. Y no sé qué cambió entre mayo y octubre para que la Corte cambiara de opinión.

Lo que sí sé es que este caso se ha contado durante siete años con una sola voz, y que esa voz es la de una víctima real de un crimen real. Eso merece respeto y lo tiene. Pero un país donde el dolor de una víctima basta para que nadie revise los papeles es un país donde cualquiera puede pasar más de seis años en Tanivet sin sentencia. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: que a María Elena Ríos le destrozaron la vida, y que Juan Antonio Vera Carrizal tiene derecho a que se le pruebe lo que se le imputa en un juicio que respete la Constitución.

Por eso hago lo que hago aquí, en público. Reto a María Elena Ríos a una entrevista sin edición, con todos los documentos sobre la mesa, los que la comprometen y los que la defienden: los audios, los videos, las actas, la nómina. Que diga lo que tenga que decir sobre cada uno. Si tiene una explicación para la copia de 2022, la publico en este mismo espacio y del mismo tamaño.

La verdad sobre el 9 de septiembre de 2019 no le pertenece a ninguna de las dos partes. Le pertenece a los papeles. Y los papeles, por fin, empiezan a hablar.